Plataforma Brihuega, Editorial:

En el marco de una sociedad democrática, el derecho a una información veraz por parte de las administraciones públicas se erige como un pilar fundamental de la relación entre el Estado y sus distintas Administraciones, Local, Provincial y Autonómica con sus ciudadanos. 

Este derecho no solo implica el acceso a la información, sino que establece una obligación ineludible para los responsables políticos de comunicar de manera precisa y completa los hechos que afectan a la ciudadanía.

Las administraciones, dirigidas por los representantes elegidos democráticamente, tienen la obligación ética y legal de garantizar que la información fluya de manera clara y sin manipulaciones. 

La transparencia y la veracidad son elementos esenciales en la gestión pública, pues es a través de ellos que se genera la confianza necesaria para que los ciudadanos mantengan su compromiso y participación en la vida política de su comunidad.

La práctica de proporcionar únicamente la información que favorece la imagen política o los intereses partidistas, y omitir o distorsionar datos que puedan ser perjudiciales, no solo traiciona la confianza depositada por los ciudadanos, sino que va en contra de los principios de responsabilidad y de ética en los que debería apoyarse cualquier gobierno. 

Este tacticismo político, que a menudo aflora en tiempos de crisis o desastres naturales, resulta especialmente grave, ya que es precisamente en esos momentos cuando la transparencia se vuelve crucial para guiar a la sociedad hacia soluciones efectivas y consensuadas.

La clase política tiene el deber de demostrar una altura de miras que de la talla ante las necesidades de sus conciudadanos. Los ciudadanos esperan que aquellos en quienes depositaron su confianza sean capaces de abordar los problemas sin caer en prácticas que oscurezcan la verdad o eviten los desafíos que puedan poner en peligro su imagen o su estabilidad en el poder.

La democracia exige una clase política comprometida con la verdad, con la claridad y con el servicio público, cuando las administraciones fallan en este deber, socavan los cimientos de la confianza pública y ponen en riesgo la credibilidad de las instituciones. 

En definitiva, la calidad de una democracia se mide por la capacidad de sus líderes para ser transparentes y responsables ante aquellos a quienes sirven.