Plataforma Brihuega, Editorial:

Las inundaciones devastadoras que han azotado recientemente a Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana representan uno de los desastres más graves de los últimos años en España. No solo han dejado a su paso un saldo de muertes desgarrador y daños materiales que aún no pueden calcularse con precisión, sino también un sentimiento de pérdida y vulnerabilidad que afecta profundamente a los afectados y a toda la nación. 

En estos momentos de dolor y emergencia, la clase política española se enfrenta a un reto que trasciende los discursos habituales y las confrontaciones partidistas: es necesario demostrar, con hechos y no solo con palabras, que la unidad y el trabajo conjunto son posibles y necesarios para reconstruir lo destruido y aliviar el sufrimiento por las pérdidas humanas y materiales que ha provocado esta riada.

Frente a este desastre, la ciudadanía espera de sus políticos una respuesta a la altura de la tragedia. Este es el momento en el que los dirigentes de todas las tendencias deben actuar en favor del bien común, dejando a un lado sus diferencias para enfocarse en lo realmente importante: apoyar a las víctimas y construir un camino hacia la recuperación, de todo lo destruido.

Sería imperdonable, y difícil de entender para la sociedad, que en medio de una crisis de tal magnitud prevalecieran los enfrentamientos y las rivalidades de siempre, los ciudadanos, cansados ya de espectáculos políticos de confrontación, exigen unidad, colaboración y un compromiso firme con la reconstrucción y la protección de quienes lo han perdido todo.

El reto es complejo, la magnitud de los daños es tal que cualquier esfuerzo de reconstrucción requiere de recursos y de una planificación coordinada, en la que cada nivel de gobierno aporte y trabaje en armonía. 

No se trata solo de medidas de emergencia y de rescate, sino de establecer políticas a largo plazo que ayuden a mitigar los riesgos y a preparar mejor a las comunidades frente a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes y destructivos. 

La urgencia de los damnificados no espera; la necesidad de recursos y de ayuda efectiva tiene que ser inmediata, y este es el momento en el que las promesas deben materializarse en acciones concretas y rápidas.

Además, las recientes tragedias climáticas subrayan una realidad inquietante que las autoridades deben considerar en sus planes a futuro: la vulnerabilidad de nuestras comunidades ante fenómenos naturales extremos, exacerbados por el cambio climático. 

Las políticas de prevención, la inversión en infraestructura resistente y la concienciación de la población son tareas pendientes que, tras esta tragedia, deben ocupar un lugar central en la agenda pública. Sin embargo, solo un compromiso político sincero y coordinado permitirá avanzar en esta dirección.

La historia juzgará a quienes, en lugar de trabajar para el bien común, opten por continuar con luchas divisorias en un momento en que el país clama por unidad. La oportunidad está servida: la clase política tiene en sus manos la posibilidad de cambiar la narrativa y de demostrar que la unidad no es solo un ideal, sino una realidad alcanzable y necesaria en tiempos de crisis. 

Los ciudadanos merecen líderes que respondan con solidaridad y compromiso, no con excusas y desentendimiento. En el rostro del dolor colectivo, la sociedad exige una respuesta unificada y comprometida, que haga honor a aquellos que han sufrido pérdidas irreparables y que honre el sentido más profundo de la política: el servicio a la comunidad.